El pasado lunes 11 de noviembre, el secretario de Enlace Legislativo del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Francisco Cienfuegos, presentó una denuncia penal ante la Oficialía de Partes del Congreso local de Nuevo León. Acompañado por las diputadas federales Ana González y Annia Gómez, Cienfuegos interpuso la demanda contra el gobernador Samuel García, su secretario General de Gobierno, Javier Navarro Velasco, y el secretario de Movilidad, Hernán Villarreal, por el uso indebido de funciones al aprobar el aumento de las tarifas del transporte público en la entidad. El “tarifazo”, que entró en vigor la semana pasada, ha generado gran controversia, especialmente por considerarse una medida arbitraria que afecta directamente al bolsillo de los ciudadanos.
La denuncia contra los funcionarios
Cienfuegos explicó que el aumento de tarifas de 12 a 15 pesos en las rutas del área metropolitana de Monterrey, y el incremento previo a 15 pesos en las rutas periféricas, no solo es excesivo, sino que viola la Ley de Movilidad del Estado de Nuevo León. De acuerdo con la legislación estatal, cualquier modificación a las tarifas debe ser aprobada por un comité técnico antes de su implementación, algo que, según Cienfuegos, no ocurrió. El político priista argumentó que esta falta de procedimiento formal y la aplicación inmediata del aumento, sin el respaldo de las autoridades competentes, constituye un abuso de poder por parte del gobierno estatal.
Además, Cienfuegos recordó que la actual administración había criticado en el pasado las propuestas de incremento de tarifas cuando no estaban en el poder, argumentando que lo adecuado era hacer una “ingeniería” en el sistema de transporte para optimizarlo y cubrir mejor las necesidades de los usuarios. Resulta irónico, señaló, que hoy en día, siendo gobierno, se promueva una medida que consideran innecesaria, sin una planificación estratégica y sin consultar con el comité correspondiente.
“La ley debe prevalecer y no se puede aumentar las tarifas de transporte público con un simple plumazo. Si se va a aplicar un aumento, debe ser de manera legal y transparente, siguiendo los procedimientos establecidos. De lo contrario, se está violando el derecho de los ciudadanos”, expresó Cienfuegos. El PRI, en conjunto con otras fuerzas políticas y ciudadanos, busca que el aumento sea revertido y que se aplique de manera correcta si se va a implementar.
Repercusiones legales y ciudadanía indignada
La denuncia presentada por Cienfuegos y las diputadas tiene como objetivo no solo hacer valer la ley, sino también evitar que los ciudadanos sigan siendo afectados económicamente por decisiones que consideran arbitrarias. En este sentido, la denuncia se centra en el delito de uso indebido de funciones, que está penado con una sanción de entre uno y siete años de prisión, según la legislación local. Francisco Cienfuegos calificó al gobernador Samuel García de “delincuente” y aseguró que será el Poder Judicial quien determine si corresponde o no retirar el fuero al mandatario para proceder con la acusación.
Este tipo de denuncias también ha encontrado eco en los ciudadanos, quienes ven cómo el costo de vivir en la ciudad aumenta constantemente debido a las decisiones gubernamentales. En las semanas previas al aumento de tarifas, diversos sectores de la sociedad se mostraron en desacuerdo con la medida, ya que consideran que el incremento es desmesurado, especialmente sin que exista un plan claro para mejorar el servicio de transporte. La falta de transparencia por parte del gobierno de Nuevo León, en cuanto a la utilización de los recursos que se obtendrán de este aumento, ha alimentado aún más la desconfianza entre los ciudadanos.
La diputada Annia Gómez, en su intervención, advirtió que no se puede tomar una decisión tan importante de manera precipitada y sin un estudio profundo que justifique el incremento de tarifas. Gómez, al igual que Cienfuegos, señaló que el aumento no tiene una planeación estratégica detrás de él y que no se ha medido el impacto real que tendrá en los usuarios. A su juicio, el subsidio propuesto por el secretario de Movilidad, Hernán Villarreal, para compensar parcialmente el aumento, no es una solución viable ni permanente. “Este tipo de subsidios no resuelven el problema de fondo. Lo que se necesita es una verdadera reestructuración del sistema de transporte, no una medida temporal que al final no ayudará a nadie”, puntualizó.
Recolección de firmas para amparo colectivo
En un esfuerzo por frenar el aumento de tarifas y presionar al gobierno estatal para que revoque su decisión, los legisladores del PRI, PAN y PRD han comenzado a recolectar firmas entre los usuarios del transporte público para presentar un amparo colectivo. La recolección de firmas se realiza en distintos puntos de la ciudad, especialmente cerca de las estaciones del metro, donde se han instalado módulos para facilitar la participación de los ciudadanos. Durante el proceso de recolección, los diputados han sido testigos de la molestia generalizada entre los usuarios del transporte, quienes sienten que el aumento afecta especialmente a las familias de escasos recursos.
La diputada Ana González destacó que, aunque el aumento de tres pesos podría parecer insignificante, en la práctica, estos tres pesos se multiplican al tener que tomar varias rutas en un solo día. Esto incrementa considerablemente el gasto mensual de las personas que dependen del transporte público para sus traslados diarios. Según González, muchos usuarios terminarán pagando más de 1,500 pesos al mes solo en tarifas de transporte, lo que representa una carga económica difícil de asumir para muchas familias.
“Es fácil decir que son solo tres pesos más, pero esos tres pesos son significativos para la mayoría de los usuarios, especialmente cuando se tiene que tomar más de una ruta para llegar a destino. Esto impacta el presupuesto de las familias”, dijo González, quien también apoyó la denuncia presentada por Cienfuegos.
Un aumento sin justificación clara
El aumento en las tarifas del transporte público de Nuevo León ha destapado una serie de cuestionamientos sobre la eficacia y la transparencia del gobierno estatal. Aunque las autoridades han argumentado que el alza es necesaria para mejorar el servicio, no han proporcionado detalles claros sobre cómo se utilizarán los recursos adicionales generados por el incremento. Tampoco se ha presentado un plan concreto que demuestre que el dinero recaudado se invertirá en la compra de nuevas unidades o en la mejora de la infraestructura del sistema de transporte.
La falta de un plan claro y la aplicación de la medida sin consulta previa con las autoridades correspondientes son las principales razones por las que tanto los ciudadanos como los legisladores se oponen al aumento. En este sentido, la denuncia penal contra el gobernador Samuel García y sus funcionarios busca que se haga justicia y que se respeten las leyes y derechos de los habitantes de Nuevo León.
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