Denuncian Cienfuegos Tarifazo en Nuevo León
La mañana del 11 de noviembre, Francisco Cienfuegos, secretario de enlace legislativo del CEN del PRI, presentó una denuncia penal contra varios servidores públicos del gobierno de Nuevo León. La acusación se centra en el aumento de las tarifas del transporte público, una medida que, según Cienfuegos y otros legisladores, es arbitraria y contraviene las leyes que rigen en el estado. Acompañado de las diputadas federales Anita González y Annia Gómez, Cienfuegos se dirigió al Código de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, donde formalizó la denuncia.
El aumento de tarifas: una decisión cuestionada
El aumento de las tarifas del transporte público en Nuevo León, que pasó de 12 a 15 pesos, ha generado una fuerte polémica en la entidad. El PRI y otros sectores políticos han expresado su desacuerdo, considerando que la medida no solo es arbitraria, sino que también perjudica directamente a los ciudadanos, sobre todo a aquellos que dependen del transporte público como su principal medio de transporte. Según Cienfuegos, la ley establece que el aumento a las tarifas debe ser aprobado por el consejo del comité técnico, una autoridad que, según el PRI, no fue consultada en este caso. Para el secretario de enlace legislativo, este incumplimiento representa una grave falta de respeto a las normativas vigentes.
Cienfuegos recordó que, cuando el actual gobierno aún estaba en campaña, los mismos actores políticos que ahora impulsan el aumento criticaban la medida, señalando que, de llegar al poder, su enfoque sería diferente. En lugar de un incremento en las tarifas, se comprometían a realizar una reingeniería en el sistema de transporte para hacerlo más eficiente y accesible. En ese contexto, el aumento del transporte público parece contradecir las promesas realizadas en campaña.
El legislador priista también señaló que, al no seguir el procedimiento legal correspondiente, las autoridades cometieron un “acto indebido” en el ejercicio de su función pública. Este tipo de irregularidades, según las leyes locales, puede acarrear sanciones que van de 1 a 7 años de prisión. Cienfuegos aseguró que la violación es clara: las autoridades no remitieron el aumento a las tarifas al consejo técnico, como exige la ley. Este omiso procedimiento ha sido calificado como un ejercicio indebido en la función pública, lo que agrava aún más la situación.
Reacciones y quejas de los ciudadanos
La denuncia presentada por Cienfuegos no solo responde a una preocupación legal, sino también a una creciente frustración por parte de los ciudadanos de Nuevo León. La diputada federal Anita González, quien acompañó a Cienfuegos en la denuncia, destacó que el proceso de recolección de firmas para un amparo contra el tarifazo permitió conocer de cerca las quejas de los usuarios del transporte público. Según González, los ciudadanos se sienten afectados por el aumento, que aunque parece pequeño, tiene un impacto significativo, especialmente para quienes utilizan el transporte público a diario. La diputada mencionó que, sumando los costos de los viajes de ida y vuelta, así como las rutas adicionales, muchas personas terminan gastando más de 1,500 pesos al mes solo en transporte. Esto afecta, sobre todo, a las familias de clase media y baja, quienes no cuentan con recursos suficientes para hacer frente a este aumento.
La ciudadanía también exige mayor claridad sobre cómo se va a utilizar el dinero recaudado a partir del incremento en las tarifas. Los ciudadanos quieren saber cuántos camiones se van a adquirir, cuándo estarán disponibles y de qué manera este dinero mejorará el servicio del transporte público. Estos temas, según González, aún no han sido abordados de manera concreta por las autoridades, lo que incrementa el malestar de los usuarios. La falta de transparencia en el proceso también ha sido una de las críticas más fuertes a la decisión tomada por el gobierno estatal.
Inquietudes sobre la propuesta de subsidio
Además del aumento de tarifas, otro tema que ha generado controversia en torno al transporte público es la propuesta del secretario de movilidad, Hernán Villarreal, de destinar mil millones de pesos en subsidios para los usuarios del transporte público. Según Villarreal, este subsidio se ofrecería como un incentivo para reducir el impacto del aumento en las tarifas. Sin embargo, la diputada Annia Gómez, también presente en la denuncia, cuestionó la viabilidad de esta estrategia. Para Gómez, el subsidio propuesto no es sustentable ni permanente, y no resuelve el problema a largo plazo.
“Este tipo de subsidios no son una solución definitiva, simplemente son un parche para un problema estructural del transporte en Nuevo León. Lo que se necesita es una planificación estratégica, una solución integral que no dependa de recursos públicos que, al final, no son sostenibles”, comentó Gómez. La diputada exigió que se dé marcha atrás al tarifazo y que se investigue a fondo la legalidad de la decisión tomada por las autoridades. Para ella, no se puede implementar un aumento sin un plan claro y sin un estudio de las consecuencias que tendrá para la población más vulnerable.
La falta de planeación en el transporte público
Los legisladores y las organizaciones ciudadanas coinciden en que el aumento de tarifas no solo es un problema económico, sino también una muestra de la falta de planeación estratégica en el sector del transporte público. Desde hace años, los usuarios del transporte han denunciado la deficiencia en el servicio, que se traduce en unidades obsoletas, falta de rutas eficientes, y problemas de seguridad. Por ello, muchos consideran que el aumento en las tarifas debería ir acompañado de una mejora sustancial en el servicio, lo cual no se ha presentado hasta el momento.
Además, la falta de información por parte de las autoridades sobre cómo se va a utilizar el dinero del aumento genera desconfianza entre los ciudadanos. Muchos cuestionan si el gobierno realmente tiene un plan viable para mejorar el servicio del transporte público o si el aumento simplemente se utilizará para cubrir otros gastos sin ningún beneficio directo para los usuarios.
Un conflicto legal y político en Nuevo León
El conflicto por el aumento de tarifas en el transporte público de Nuevo León no solo ha generado un enfrentamiento entre los actores políticos, sino también entre el gobierno y la ciudadanía. Mientras que el gobierno estatal defiende su decisión como una medida necesaria para mejorar el servicio, los opositores y las organizaciones ciudadanas aseguran que la medida es injusta y carece de justificación legal. Este desacuerdo ha escalado a un nivel judicial, con la denuncia presentada por Francisco Cienfuegos y las reacciones de varios legisladores que exigen que se revierta el aumento.
Las autoridades deberán ahora enfrentar una investigación sobre la legalidad de la implementación del aumento y los posibles daños que esta medida ha causado a los ciudadanos. Mientras tanto, el malestar de la población sigue creciendo, y las autoridades deberán trabajar en una solución que no solo satisfaga a los usuarios del transporte público, sino que también se ajuste a los marcos legales establecidos.